El año pasado, mientras los habitantes de Río de Janeiro se refugiaban en sus casas durante la fase más mortífera del brote de COVID-19 en Brasil. El detective de la policía Gabriel Ferrando dijo que recibió un aviso de que algo sospechoso estaba afectando al servicio de Internet local por algunos de los proveedores de internet.
El acceso había desaparecido en amplias franjas del Morro da Formiga, un barrio difícil de la zona norte de la ciudad. Cuando Ferrando preguntó a un técnico del proveedor de banda ancha TIM SA encargado de arreglar el corte, el trabajador. Cuyo nombre no quiso revelar, dijo que unos hombres armados le habían echado con la advertencia de que no volviera.
Resulta que unos nuevos proveedores de Internet habían reclamado este territorio: una empresa entre cuyos inversores se encontraba un acusado de tráfico de drogas. Y, armas con presuntos vínculos con el conocido sindicato criminal Comando Rojo de Brasil, según Ferrando. Documentos judiciales presentados por las autoridades y registros de empresas vistos por Reuters. Utilizando equipos robados, algunos de ellos sustraídos de TIM, los recién llegados pronto tuvieron su propio servicio de Internet en funcionamiento, dijo Ferrando. Los residentes podían contratar a la nueva empresa, dijo, o prescindir de ella.
TIM, una unidad de Telecom Italia SpA (TLIT.MI), declinó hacer comentarios y remitió todas las preguntas a la asociación brasileña de la industria de las telecomunicaciones Conexis. En un comunicado, el grupo pidió a las fuerzas del orden del país que actuaran para proteger a los operadores legítimos.
Ferrando, un veterano de la unidad de delincuencia organizada más importante de Río, está intentando hacer precisamente eso. En un informe sellado que documenta meses de investigación, pidió en febrero a los fiscales del estado de Río. Que presentaran cargos contra los supuestos piratas. La fiscalía no respondió a una solicitud de comentarios. No se han presentado cargos.
Morro da Formiga no es la única comunidad que reporta problemas. Reuters entrevistó a casi dos docenas de ejecutivos de la industria de las telecomunicaciones, agentes de la ley, técnicos, académicos y clientes de Internet en Brasil, y revisó miles de páginas de expedientes judiciales presentados por la policía.
Esta publicación fue modificada por última vez el abril 7, 2022 5:33 pm