Contenido
Los negocios que reinicien sus actividades estarán sujetas a una fiscalización por parte del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).
Las empresas deberán actualizar mensualmente el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, según la reciente Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA.
[Lee también: Cómo tramitar la autorización para el inicio de operaciones en comercio electrónico ]
Ahora la administración de estos protocolos para la reactivación de negocios estará a cargo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud.
¿Cómo registrarse?
Para inscribir el protocolo de tu empresa deberás asegurarte que esté en uno de los rubros permitidos en las fases 1 y 2 de la reactivación económica.
Deberás preparar tu plan de acuerdo a los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud (Minsa), dependiendo del sector al que pertenezca tu negocio.
Lee también. PRODUCE: Mypes y Marketplaces tienen luz verde para operar en el comercio electrónico]
Luego deberás inscribir tu protocolo en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID). Esto estará sujeto a fiscalización.
El plan deberá actualizarse cada mes junto a la Planilla Mensual de Pagos, conforme al último dígito del RUC.
¿Cómo se realizará la fiscalización?
La fiscalización se realizará de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General y se verificará:
- El llenado completamente los datos requeridos para el registro
- Los datos de contacto que permitan una comunicación oficial; y que sus titulares se identifiquen como tales.
- La información vinculada con la seguridad y salud de trabajadores y prestadores de servicios sea auténtica
Las empresas están obligadas a informar a sus trabajadores sobre el protocolo y entregarles una copia a todos en las 24 horas posteriores al registro.
El CENSOPAS dará a conocer cada 15 días a las empresas que tengan el protocolo registrado y también a quienes tengan el registro suspendido o cancelado luego de la fiscalización.